TLCAN: trabajadores agrícolas
29-Mayo-2017
Por: Víctor Hugo García Cerón
 
En noviembre de 2016, fue llevada a cabo una de las elecciones presidenciales más controversiales en la historia de Estados Unidos; a raíz de ella, fue electo Donald Trump como el 45º presidente de dicho país. Tanto en sus propuestas de campaña, como en las primeras acciones ejecutadas desde la Casa Blanca bajo su mando, se pudo identificar una clara línea de desprecio por los inmigrantes, principalmente de origen mexicano, que ‘inundan’ el territorio estadounidense.

Esta línea de ideas evolucionó a un nivel mucho más racista al impulsarse la propuesta de la construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos para detener el flujo migratorio y, finalmente, la renegociación –si no es que la salida de ese país– del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Específicamente sobre el tema que nos ocupa, durante la campaña de Donald Trump, se estableció la problemática de la pérdida de empleos para un sector de los estadounidenses, a manos de los trabajadores agrícolas temporales de origen mexicano, lo que contribuyó, entre otros temas, el planteamiento de la necesidad de la renegociación del Tratado.

Ahora bien, en el marco de la relación bilateral México-Estados Unidos, el TLCAN, como una etapa del proceso de integración económica de la región de América del Norte, evidenció y profundizó el nivel de dependencia asimétrica existente entre ambos países. Por ello, fue evidente también la necesidad de analizar la eficacia de la aplicación de lo estipulado sobre el sector agrario y la entrada temporal de personas –en los capítulos VII y XVI del Tratado– en el mercado laboral agrícola en Estados Unidos.

Esto significó un reto jurídico al hacer necesario un análisis, tanto de los aspectos legales de la integración económica, específicamente de la eficacia de la aplicación del TLCAN, como de la forma en que los Estados Unidos acogen, en el orden jurídico interno de cada uno de ellos, las leyes y los tratados internacionales.

Realizado un estudio en todos los niveles de gobierno, de la normatividad laboral estadounidense –que protege a los trabajadores independientemente de su estatus migratorio– y de las condiciones pre existentes de segregación social y laboral que viven los latinos en Estados Unidos, se ha concluido que las condiciones para los mexicanos en el mercado laboral agrícola de Estados Unidos, en realidad presentan poca eficacia en la aplicación de lo estipulado en el TLCAN. Esto se debe al precario ejercicio de integración económica que significó el Tratado, en materia agrícola, migratoria y laboral (ya que hubo más silencios que acuerdos sobre el tema), y a la forma en que interactúa el orden jurídico interno de Estados Unidos con el orden jurídico internacional.

La consecuencia de ello ha sido que se exacerbe el perfil de pobreza generalizada y de exclusión social de los trabajadores temporales, por lo que la población local no está dispuesta a ocuparse de esas actividades, situación que demuestra la manipulación que se hizo para persuadir a la opinión pública y para legitimar la renegociación.
 
 
 
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