Hombres del Poder

Viernes 28 de agosto de 2020
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Ubaldo Díaz

Los bazucazos de Ubaldo Díaz

Por: Ubaldo Díaz

Innovar por mejores leyes

En un ejercicio inédito los 65 senadores de Morena y Encuentro Social, se aprestan a elegir a la Mesa Directiva para suceder a Mónica Fernández Balboa, quien el último día del deja la presidencia del Senado…

Luego de poner sobre la mesa las reglas de la convocatoria para integrar la propuesta de Morena y el PES, para la elección de la Mesa Directiva, Ricardo Monreal, en su calidad de coordinador de la bancada de mayoría, informó que los aspirantes para suceder a la senadora son: Salomón Jara, de Oaxaca; Alejandro Armenta, de Puebla; Ovidio Peralta, de Tabasco y Óscar Eduardo Ramírez, de Chipas.

Las medidas innovadoras son, entre otras, un plazo de tres horas para la votación; la elección a distancia, mediante el voto electrónico de aquellos que no puedan asistir presencialmente; la transmisión por el Canal del Congreso y en aquellos medios que se acrediten para ello.

Monreal afirma que se iniciaron los preparativos para el inicio del tercer año del periodo de sesiones; "estaremos trabajando, incluso, sábados domingos, en la preparación de la Agenda Legislativa y elección de la Mesa Directiva".

El legislador comentó que la Mesa Directiva corresponde al Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, pues conforme a la Ley Orgánica del Senado, Morena es el partido mayoritario por su número de legisladores.

Morena es mayoría, le sigue el PAN con 23 o 24 legisladores, para poder participar en el proceso de elección de la Mesa Directiva; y no descartó que, mediante algún acuerdo político entre los diversos grupos Parlamentarios, en el futuro podría ser la oposición quien llegue a la Mesa Directiva.

El lunes 31 se hará la elección formal en la que participan los 128 Senadores y Senadoras cuyos votos podrían ser de manera presencial y, en su caso, a distancia para aquellos legisladores y legisladoras que pudiesen tener algún impedimento para llegar personalmente al recinto parlamentario.

Juzgar a expresidentes, una decisión populachera

"El clamor popular es real y las encuestas así lo afirman; si fuera por una decisión de mayoría los expresidentes ya estarían procesados", puntualizó el senador Ricardo Monreal.

Primero se tiene que definir si el caso procede o no, y cómo se hace, dado que hay tres alternativas: que lo solicite el dos por ciento de la población; que lo soliciten las Cámaras legislativas o el Presidente de la República, dijo y recordó "nunca un "Presidente de la República, ni un fiscal autónomo, habían ido tan profundo contra la corrupción, lo que ha cambiado el escenario político nacional".

Ante los ojos del ciudadano de a pie, políticos como Carlos Salinas de Gortari, con la venta de la mayoría de las grandes empresas que eran propiedad del Gobierno; como Vicente Fox y la Fundación de su señora esposa, así como las masacres provocadas por "la guerra" de Felipe Calderón Hinojosa, son la causa de las desgracias que aùn hoy se vive en el pueblo, entre la gente que se haya a ras del suelo; pero la corrupción, la corrupción se la acreditan al expresidente Enrique Peña Nieto.

"El tema está en el debate público y lo concibe como un instrumento de participación ciudadana que permite a la población su derecho a expresar una opinión", dio como respuesta el senador del Estado de Zacatecas, Ricardo Monreal.

La justicia, claro está, no es precisamente venganza, eso es otra cosa; la gente quiere que los responsables de la desgracia de tener a México en difícil situación económica, que dañaron las finanzas de una empresa tan emblemática para los mexicanos como lo es Pemex, como lo es también la CFE, por lo menos se han ido, se han denostado por lo que hicieron "Que no se vayan limpios", pues.

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Por más que el presidente incite al "pueblo bueno y sabio"" a recabar las firmas para llevar a consulta si son enjuiciados los expresidentes de la República, desde Carlos Salinas hasta "el licenciado"" Enrique Peña Nieto, la Carta Magna impide que los temas de justicia sean materia de consulta.

El artículo 35 de la Constitución es claro en los alcances de la consulta, sus motivaciones y los asuntos sujetos de ella.

No hay ley secundaria sobre el tema, así que lo que dicta la Constitución no admite interpretaciones y se debe tomar como fue redactada por los legisladores.

El primer impedimento es legal: la justicia no puede ser sometida a consulta. Si los expresidentes cometieron delitos, deben ser denunciados, llevar un proceso y posteriormente sentenciados; no hay más.

Tampoco pueden ser motivo de consulta los derechos humanos; en el caso del juicio popular, se está violando el derecho de los sujetos a la presunción de inocencia, entre otros. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no aprobaría dicha consulta con base en el artículo 35 constitucional.

En el eventual caso de que la mayoría morenista en el Congreso aprobaran la realización de la consulta -lo cual los exhibiría-, no podrá llevarse a cabo el día de la elección, como pretende el presidente. La ley establece claramente que será el primer domingo de agosto la fecha; no es materia negociable la fecha.

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Con el fin de normar las sesiones virtuales, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó tres iniciativas en la Comisión Permanente para modificar la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado y llevar a cabo sesiones virtuales cuyas determinaciones se encuentren dentro del marco legal.

"Por ello resulta necesario actualizar nuestro reglamento a la realidad, adaptarlo a la evolución tecnológica para aprovechar las ventajas que nos ofrece. Facilitar, acelerar y sobre todo permitir el cumplimiento de nuestro encargo en periodos de continencia sanitaria", detalló.

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López Obrador, en compañía del titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, salieron a defender la legalidad en los procesos de licitación y adjudicación del Tren Maya, obra que alcanzará los 150 mil millones de pesos, y que espera estar en marcha en el 2023. Lo anterior se reforzó con el anuncio del pago por 757 millones de pesos realizados por la deuda pendiente de terrenos por el derecho de vía para la construcción. Y en cuanto los procesos de licitación, hicieron hincapié en los organismos internacionales que han dado fe a los concursos, como es el caso de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

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Lorenzo Córdova confirma que estudia cuidadosamente la entrega de dinero que hace David León a Pio López Obrador para definir las fechas en que se llevó a cabo ese acto y si hay delitos que perseguir, si es dinero del gobierno Chiapaneco y que tipo de faltas cometieron.

Puede ocurrir que hay otro ilícito y si lo lleva la Unidad de lo Contencioso. Las denuncias están presentadas y tenemos que indagar. En la materia de fiscalización no existen testimoniales, no podríamos llamar a declarar a uno o a otro actor involucrado.

"Lo primero es tratar de ubicar en algún momento o fecha los hechos para ver si se reportó o no; si se reportó, probablemente se sancionó, porque por los montos que se dicen excede el límite de efectivo. Estoy especulando y quiero ser muy cuidadoso", señaló Córdova.

Durante una plática con integrantes del Colegio de México, el titular del INE Informó que el organismo tiene protocolos para, si se requiere, hacer requerimientos. Por ejemplo, expuso, como también se presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en su momento se podría solicitar lo que esa instancia haya indagado.

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