Hombres del Poder

Viernes 4 de octubre de 2019
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Francisco Garfias

Arsenal

Por: Francisco Garfias

Revocatorio el 10 de mayo del 21 "para romperle su madre a la oposición", Félix Salgado

A la revocación de mandato se le mueve una patita. Senadores de oposición valoran la posibilidad de aprobarla, luego de que Morena aceptara que el ejercicio lo organice el INE en fecha diferente a las elecciones intermedias, y que sea exclusivamente una consulta ciudadana.

Si se cumplen esas condiciones, el bloque opositor no tiene mucho que perder. Lo peor es que AMLO complete los seis años para los que fue electo.

La discusión sobre el revocatorio, en el que tanto ha insistido el Presidente, inició ayer en comisiones del Senado. Podría votarse en las próximas dos semanas.

Requiere de una mayoría calificada (dos tercios de la asamblea) Morena y sus aliados no la tienen en la Cámara alta.

"A título personal, estoy a favor", nos dijo el senador Damián Zepeda, exdirigente del PAN. Sólo pide la consulta para todo gobernante, salvo a los alcaldes que duran 3 años.

Manuel Añorve, del PRI, también piensa que empodera a la ciudadanía. Aunque reconoce avances, deja claro que no hay nada definitivo.

El que no tiene duda que habrá revocatorio es el moreno Félix Salgado Macedonio. "Es más —dice— voy a proponer una fecha para realizar la consulta. El 10 de mayo, para partirles su madre".

*Hay convencidos de que la consulta implica riesgos. Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE —hoy INE— es uno.

Hizo notar que la reforma sería para décadas y no sólo para AMLO, y que una consulta, a mitad del sexenio, parte el horizonte del gobierno.

"Los presidentes lucharían sus primeros tres años para ser ratificados, con los incentivos perversos que ello significa", escribió en Twitter.

"Aunque la consulta se llevara a cabo en diciembre del 2021, los candidatos de Morena harían campaña en torno a la permanencia de AMLO y en defensa de la 4T. El Presidente sería el centro de las campañas, con efectos polarizantes", puntualizó.

* Hay temor y confusión alrededor de la Reforma Antifactureros diseñada, afirman las autoridades, para frenar la defraudación fiscal, que equivale al 1.6 por ciento del PIB.

La bronca es que esa ley equipara la defraudación fiscal con el crimen organizado, y otorga facultades discrecionales al SAT, según la senadora de Morena, Lilly Téllez.

"Esto amenaza la presunción de inocencia y el debido proceso", advirtió la legisladora, en la comparecencia del titular de la SHCP, Alfonso Herrera.

*Téllez dejó claro que no se opone a un "castigo ejemplar" a defraudadores, pero no está de acuerdo en que cualquier contribuyente que cometa un error será sujeto a prisión preventiva oficiosa y a extinción de dominio.

"Nos dijeron que no corrían peligro los pequeños, medianos y grandes empresarios. Lo que no nos dijeron es que, al ser acusados, ese proceso lo llevarían en la cárcel", contrastó.

* El secretario Herrera aprovechó la pregunta para aclarar dudas, confusiones y exorcizar temores. Lo transcribimos textual por considerarlo esclarecedor:

"Esto no es aplicable para todos, ni al primer error. Hay un monto mínimo para que sea aplicable. Es de 10 millones de pesos de impuestos no reportados. A la tasa más alta, esto quiere decir que habría 30 millones de ingresos brutos. La mayor parte de la población no está en esa condición.

"No se aplica de manera automática, ni está a la discrecionalidad de Hacienda. Hay un sistema de pesos, contrapesos y candados, para asegurarnos que esto no pase. No basta que alguien se haya equivocado para que se convierta en un delito.

"El SAT debe realizar una auditoría y establecer la posible existencia del delito. Con ese primer filtro van a la Procuraduría Fiscal, que tiene que investigar, recabar pruebas adicionales y determinar si se considera un delito fiscal calificado.

"En el caso de que existan elementos, se envía a la Fiscalía General, que tiene que formular una querella y determinar si esto cumple con todos los supuestos del delito.

"Y aún cuando la Fiscalía lo determinara, tampoco es suficiente. Va a un juez, que tiene que determinar si los hechos constituyen una conducta delictiva", puntualizó.

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