Delfino Ochoa
Columna invitada
Por: Delfino Ochoa
Las comisiones de la verdad
14-Agosto-2018
 
La preservación de la memoria histórica o colectiva y la comprensión de todas las facetas de la verdad de cualquier conflicto, cobran una gran importancia debido a que son necesarias para sentar las bases de la convivencia, la conciliación y la no repetición de conflictos de esa índole, y son un derecho de la sociedad. Ésta como cualquier ente, también lleva remiendos en el alma, heridas que se suponen cicatrizadas, pero que se abren cuando menos se espera, como esa herida tan nuestra simbolizada por el movimiento estudiantil del 68, y que cincuenta años después el Estado mexicano aún debe una disculpa pública a las víctimas.

El derecho a la verdad combina una serie de conceptos jurídicos y prácticos, y es parte de la reparación del daño, ocasionado en crisis y acontecimientos como los que enfrenta nuestro país. La verdad debe ser completa, oficial, pública e imparcial. Su búsqueda es importante para reivindicar la memoria de las víctimas y aliviar en parte la tragedia que viven desde hace años los afectados y sus familiares afectados y evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.

Hoy es imposible fingir que en el país no pasa nada, estamos inmersos en la violencia, hay decenas de miles de personas desaparecidas y desplazadas. Las estructuras del Estado se encuentran resquebrajadas, han sido incapaces de buscar a las personas y localizarlas. La gran víctima de esta tragedia es nuestra juventud. Nuestros jóvenes han naturalizado la violencia como parte de sus vidas y la muerte es vista de forma diferente a como lo hacían sus padres. Sus rutinas y actividades de grupo en lugares públicos han cambiado por temor a ser víctimas de la violencia, entre ellos ha surgido un gran sentimiento de desconfianza puesto que no distinguen entre personas confiables y aquellos que puedan victimizarlos. Al no encontrar oportunidades, en muchos lugares del país la juventud opta por delinquir y frecuentemente son reclutados de manera forzada por el crimen organizado.

Los desaparecidos son buscados por las mujeres de las familias, mientras las autoridades se encuentran impávidas. "Las Buscadoras", han encontrado más de 1,000 fosas clandestinas, donde hay innumerables vestigios de restos humanos. Cientos de personas han sido ejecutadas, pueblos enteros se han esfumado. La violencia ha ocasionado un fenómeno: el desplazamiento forzado de miles de personas fuera de sus hogares. Resulta trágico constatar que en los últimos diez años el Estado mexicano ha sido incapaz de enfrentar este problema. Hay regiones que respiran el horror.

El problema de este país es que puras contradicciones tiene. Ahí están criminales que son autoridades, y víctimas que fueron masacradas o están en la cárcel, y el mentiroso es gobierno, y la verdad es perseguida. El Estado se encuentra rebasado para dar respuesta con cada uno de los desaparecidos y para dar nombre a los cuerpos no identificados, ha dicho Olga Sánchez Cordero.

Los contextos, las causas y los autores materiales e intelectuales de esta barbarie no han sido investigados seriamente, no sabemos si son parte incluso del aparato estatal. Es hora de enfrentar este problema. Se ha hablado de la aplicación de una justicia transicional particular para México. De ésta no hay un modelo único, hay pilares que deben estar presentes en cualquier modelo que se implemente: memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La justicia transicional es muy compleja, es un mecanismo para lograr la libertad de algunas sociedades, haciendo frente a crímenes y abusos cometidos durante un conflicto. El equipo de Andrés Manuel López Obrador, parece que estuviera partiendo de cero, como si durante todos estos años no se hubiesen construido puentes por parte de la sociedad civil. Nuestro país cuenta con herramientas que, en mi opinión, pueden ser muy útiles para lograr esos objetivos, como es el caso del Modelo Integral de Atención a Víctimas expedido, elaborado de conformidad a la legislación nacional e internacional de derechos humanos.

En las transiciones políticas latinoamericanas durante los años 80"s del siglo pasado, los militares, siguieron conservando una importante cuota de poder político, en algunos casos consagrada en las constituciones respectivas. Paralelamente, los sectores democráticos sabían que su legitimidad dependía de un serio compromiso con los derechos humanos. No podían buscar una justicia plena puesto que crearía serias tensiones con los militares.

En Argentina las organizaciones de derechos humanos han afirmado que cerca de 30,000 personas desaparecieron y fueron asesinados durante la guerra sucia. Los militares argentinos dejaron el poder ante su fracaso en la economía y tras la derrota en Las Malvinas. "No puede haber un manto de olvido", dijo Raúl Alfonsín tras crear una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de derechos humanos durante el período 1976-1983.

En su informe denominado "Nunca más", reconoció que la dictadura militar de ese país produjo la más grande tragedia de la historia del país sudamericano. Ernesto Sábato quien presidió esa Comisión, manifestó que como ejemplo de los horrores que descubrieron fue confirmado que cerca de 2,000 personas fueron asesinadas por oficiales que los arrojaron vivos al mar, después de haber sido drogados. Algunos representantes de la iglesia católica conocieron de éstos crímenes. Fueron condenados nueve ex Comandantes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea "por haber sembrado dolor, terror y muerte". La ejecución de sus penas fue confiada al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por lo que, en opinión de muchos el gobierno actuó con excesiva cautela y temeroso de irritar a los militares.

En los años 90"s del siglo pasado fueron creadas la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) en Guatemala, y la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Sudáfrica. Representan un cambio porque tienen poderes más amplios y proponen que la búsqueda de la verdad tiene un valor independiente al proceso judicial. La CEH se planteó como una institución que no indicaría las responsabilidades de ningún individuo y cuyo informe no tendría consecuencias judiciales. Su mandato establece que el nuevo mecanismo tiene vida propia, diferente al proceso judicial. Los tribunales se enfocan en la determinación de hechos probados, mientras que esta Comisión desarrolló sus actividades con un enfoque multidisciplinario que tomó en cuenta la experiencia de las víctimas, en particular las comunidades indígenas. Por su parte, la CVR Sudafricana, administró un mecanismo peculiar; un organismo de esa Comisión recibía pedidos individuales de amnistía por la comisión de delitos graves durante el conflicto. El postulante debía informar la verdad sobre los hechos.

Con ideas, a veces contradictorias y sin un plan definido para hacerle frente a esta tragedia, colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, han sostenido que con una sociedad violentada en sus derechos y con una violencia extrema como la que hemos llegado, es donde se encontrará la aplicación de la "justicia transicional". Uno de sus elementos son las Comisiones de la Verdad, gracias a ellas, el campo de esta justicia surge para aprovechar las lecciones de diversos países y desarrollar principios de derecho internacional.

Estamos ante una variedad curiosa de espejos de circo en donde reflejamos lo que queremos, creemos o debemos ser. Nos agrandamos, nos achicamos, y nos deformamos a placer, sin reconocer en ocasiones que detrás de esa imagen deforme que nos causa risa o aversión estamos nosotros como sociedad, algo que Carlos Fuentes identificó muy bien, ya que él decía que detrás de nuestra afinidad por este juego de espejos está la búsqueda de nosotros mismos. Este relato debería terminar con una imagen en donde en vez de inventar el hilo negro, podamos crear mecanismos eficientes y que complementen a los establecidos en nuestra legislación.

Los principios bajo los que actúan las Comisiones de la Verdad, son los siguientes: (i) Independencia política y operativa. Diseño de su propio plan de trabajo sin intromisión política; (ii) consenso político y social; y (iii) aplicación de principios internacionales de no discriminación y protección para garantizar que la experiencia de las víctimas sea aprovechada.

Los nuevos funcionarios han propuesto Comisiones de la verdad para casos concretos, que buscarán esclarecer eventos como Ayotzinapa, Nochixtlán, Tlatlaya, las fosas de Morelos, de San Fernando, los desaparecidos de Nuevo Laredo y otros casos significativos. Por otra parte, se propone que se creen Comisiones regionales, en los lugares más violentos que permitan conocer la verdad de los actores estatales y particulares, las redes de colaboración, y el modus operandi. En mi opinión, esta propuesta no logrará resultados positivos debido a la complejidad que resulta crear múltiples Comisiones para esclarecer los acontecimientos que han aterrado a nuestro país. Otra vez más se está experimentando sin contar con un plan definido y los resultados para las víctimas y deudos serán inciertos. El nuevo Gobierno debe reforzar a las Comisiones de Atención a Víctimas y de Búsqueda creadas por la legislación que actualmente tenemos, dotándolas de toda clase de recursos y apoyo, y trabajar con los actores y en las investigaciones que hasta la fecha se han realizado a lo largo del país.

delfinoochoaarmendariz@gmail.com

Twitter: delfinoochoa
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